Otro rumbo es necesario y es posible. La fatalidad del neoliberalismo como el único modelo económico y social, carece de sustento. ¿Qué hacer?
La base angular del edificio: “Peruanizar al Perú”. Es decir, sentar las bases de una nación independiente, soberana, digna, integrada reconociendo su diversidad étnica y cultural, descentralizada, con identidad propia, abierta al mundo desde su realidad, de sus intereses y de sus objetivos estratégicos. Una sociedad culta y libre, con inclusión social y eliminación de la pobreza, pacífica y ordenada, de bienestar para todos, con pleno disfrute de los derechos humanos, de la solidaridad, de la paz y la justicia social, ajena a toda forma de discriminación
Nueva República, con sustento en una nueva Carta Constitucional, organizada en torno de un proyecto nacional que delinee el rumbo a seguir en los próximos 30 años. Tanto el caudillismo como la visión de corto plazo han impedido proyectar una visión de futuro y organizar las fuerzas que permitan su realización.
Un nuevo Estado unitario, democrático, social, laico, plurinacional, pluricultural, descentralizado, dirigente, regulador y promotor. La democracia, además de representativa, debe ser participativa y directa, social, económica, cultural, con igualdad de derechos y oportunidades para sus integrantes.
Gobierno democrático, patriótico, de ancha base social, en la perspectiva del “gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo”. Junto al voto ciudadano un pueblo unido, consciente, organizado y movilizado, con voluntad de ser gobierno y Poder.
Planificación macroeconómica que permita aprovechar las ventajas que tiene el Perú, manejar racionalmente los recursos disponibles, concentrar la atención en los sectores estratégicos y avanzar, paso a paso, a la realización del proyecto nacional. Sustituir el coyunturalismo, la improvisación y la anarquía, por una visión estratégica, de mediano y largo plazo, a la que se subordinen los pasos tácticos y parciales.
La economía estará al servicio del ser humano y la nación. Implica sentar las bases de una economía independiente, autocentrada, solidaria, ecológicamente sustentable y sostenible en el tiempo, promotora de la industrialización y la competitividad, de la investigación, la ciencia y la tecnología, de la soberanía alimentaria, de la generación de fuentes de trabajo, que recupere la soberanía sobre sus recursos naturales, impulsora del desarrollo armonioso entre las regiones que cierre el ciclo del centralismo económico. Afirmamos el rol promotor, regulador y orientador del Estado, que no desconoce el mercado y su importancia, la inversión externa ajustada a la estrategia de desarrollo nacional y la protección del medio ambiente, ni las diversas formas de propiedad (privada, estatal, mixta, cooperativa). El Estado concertará planes y programas de crecimiento con los principales actores económicos y sociales. Renegociación de la deuda externa incrementada ilegalmente por mal manejo de gobiernos corruptos y elevación arbitraria de intereses de parte de los acreedores. Mercado interno desarrollado y apertura al exterior con relaciones justas y equitativas.
Asumimos la bandera de la justicia social. Sin equidad social la democracia política será formal. Es inaceptable la exclusión de millones de compatriotas colocados fuera del mercado, del movimiento cultural, técnico y científico, sin acceso a una educación y salud de calidad, a la seguridad social, al trabajo con salarios dignos.
Descentralización con desarrollo económico y social. El centralismo político y económico permite que las regiones del interior perpetúen el atraso, no se integren al mercado nacional ni aprovechen sus potencialidades y la iniciativa de su gente. Explica también la migración masiva de sus habitantes y el crecimiento hipertrofiado de la Capital de la República. Lima sigue siendo el gran mercado mientras las regiones del interior conviven con el atraso, la desindustrialización, condenadas a la explotación de sus recursos naturales sin control sobre ellos. Necesitamos una verdadera descentralización económica, productiva, política, social y cultural, indispensables para el desarrollo multiforme del país.
El factor cohesionador de la sociedad son sus valores éticos y morales. Necesitamos construir una cultura fundada en valores: solidaridad, patriotismo, honestidad, culto por el trabajo, respeto a la persona, transparencia, dignidad, convivencia sana con el medio ambiente. La lucha contra toda forma de corrupción, de comportamiento prepotente y mafioso, de violencia contra la mujer y la niñez, contra la demagogia y la mentira de quienes ejercen el poder, debe comprometer a gobernantes y gobernados. Se necesita construir una nueva cultura política y ética que implique una verdadera regeneración moral de la sociedad y una auténtica identidad cultural nacional.
Educación y salud pública, universal, de calidad, gratuita, para todos, son derechos obligatorios que el Estado debe garantizar como una de sus responsabilidades fundamentales. Entenderlos, además, como factores de desarrollo económico, progreso social y elevación cultural. Implica, igualmente, priorizar la ciencia, la tecnología, la investigación y el conocimiento. Eliminar el analfabetismo. Aspiramos a una sociedad de hombres y mujeres cultos, a la conquista “del pan y la belleza”
[i], la condición fundamental para ser libres.
Defensa y protección del medio ambiente. Reconocimiento de los derechos que corresponden a las comunidades indígenas amazónicas y andinas. Forjar una cultura que permita la relación estrecha entre los seres humanos y su entorno ambiental. La desatención del tema ambiental, el saqueo y depredación de los recursos naturales en nombre del crecimiento, atentan contra el desarrollo y el futuro de las nuevas generaciones.
Soberanía y seguridad alimentaria, apoyo decidido a los pequeños y medianos productores, créditos oportunos y capacitación técnica, mercado seguro y precios justos para sus productos. Creación del Banco Agrario. Promoción de la organización cooperativa basada en la libre asociación de los campesinos y propietarios rurales. Impedir la concentración y monopolización de la propiedad de la tierra. Protección de las comunidades campesinas y amazónicas fomentando su desarrollo y la mejora constante de las condiciones de vida de sus habitantes.
Promover la industrialización y el procesamiento de los recursos naturales, el aprovechamiento racional del potencial energético. Impulsar el turismo. Apoyar con fuerza las PYMES e impedir la concentración monopólica y los privilegios hoy dominantes. Apoyo crediticio, técnico, y capacitación a los pequeños y medianos empresarios.
Reconocimiento de los derechos de sindicalización, estabilidad laboral, negociación colectiva por rama. Eliminación de los services. Salarios justos, capacitación técnica, ocho horas de trabajo como máximo, derechos de jubilación y pensionarios dignos. Eliminación de todas las formas de discriminación laboral, social, étnica, de género, de credo, cultural. Libre desafiliación de las AFP sin restricciones.
Promoción de la mujer y la juventud para su plena integración al empleo, a la actividad cultural y política. Protección de la maternidad, de la niñez y la ancianidad.
Elevación de las condiciones de vida de la población derrotando la pobreza, en especial la extrema pobreza, implementando políticas generadoras de fuentes de trabajo, mejorando los ingresos familiares. Afianzar la autoconfianza y autoestima de los trabajadores y el pueblo en general.
El Estado reconocerá la existencia de los Pueblos y Comunidades Indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas, religiones y derechos originarios sobre las tierras que ancestralmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Los Pueblos Indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, su espiritualidad, sus valores, sus lugares sagrados y de culto, participando en la vida económica y social del país.
Redimensionamiento de las Fuerzas Armadas y Policiales, preservando su carácter institucional y profesional, subordinadas al Poder Civil, que garanticen la soberanía e integridad territorial, alcancen la capacidad disuasiva necesaria, salvaguarden el orden democrático, la seguridad ciudadana, los Derechos Humanos, y contribuyan al desarrollo nacional. Sueldos y condiciones de vida dignos para sus integrantes.
El Estado está en la obligación de garantizar seguridad y tranquilidad a la población. Lucha frontal, con recursos y medios del Estado y la participación ciudadana, contra toda forma de violencia social, corrupción, narcotráfico, bandas criminales. Las Rondas campesinas del Norte del país han demostrado que es posible eliminar el bandolerismo, el abuso, la violencia familiar, la arbitrariedad de las autoridades, recurriendo a la organización independiente y democrática de la población, a la unidad y la disciplina consciente de los pobladores.
En un mundo globalizado, hegemonizado por pocos países desarrollados, los países subdesarrollados se encuentran en seria desventaja y siempre son víctimas de los poderosos. De allí la importancia estratégica de la integración latinoamericana y caribeña, fundada en el beneficio recíproco, el respeto a la soberanía de los países, la complementariedad, la cooperación, la solidaridad, factores necesarios para alcanzar la plena independencia y soberanía.
Prevención de la corrupción (transparencia en la gestión el Estado y los gobiernos nacional, regional y local, rendición de cuentas por resultados, vigilancia ciudadana). Legislación especial y sanción drástica a corruptos y corruptores. Formación de valores dentro y fuera de la escuela, de una nueva cultura política y ética. Redes de control ciudadano contra la corrupción.
Política internacional independiente, basada en los principios de soberanía, integridad territorial, autodecisión, no agresión, no intervención en los asuntos internos de los países, solución de disputas a través de negociaciones pacíficas. Igualdad y beneficio recíproco en las relaciones entre estados y países. Aspiramos a un mundo de paz, no de guerra. Dominio marítimo sobre las 200 millas adyacentes a la costa peruana.
[i] José Carlos Mariátegui. La escena contemporánea, pág. 158. Empresa Editora Amauta.
